El presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso de la Unión para fortalecer las acciones contra el lavado del dinero, el terrorismo y su financiamiento, propuestas que atienden a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
La iniciativa que fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados pretende otorgar más herramientas al Ministerio Público para sancionar a quienes operen recursos de procedencia ilícita.
Adiciona al Código Penal Federal el testaferrato “como una conducta punible autónoma que se configura cuando una persona permite que se intitulen bajo su nombre bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita”.
Considera como agravante de lavado de dinero que el sujeto sea funcionario público o preste servicios a una persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilegal.
Por otro lado, con la iniciativa se busca la inclusión en el catálogo de delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada a quienes financien o encubran al terrorismo.
Mientras que en el catálogo de delitos graves sugiere que también se contemple el financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, el robo de material radioactivo y nuclear, así como la conducta de testaferrato.
“Con la finalidad de hacer efectivos los mecanismos de combate de los delitos de terrorismo y su financiamiento, así como los tipos penales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, se propone que exista una excepción sobre la reserva de información fiscal proporcionada por contribuyentes o terceros que tengan relación con éstos, y aquella información que la autoridad fiscal obtenga en el ejercicio de sus facultades de comprobación, evitando obstáculos que impidan combatir adecuadamente estas prácticas”, destaca.
Mientras que para endurecer las penas, Peña Nieto propone prisión de 15 a 40 años y de 400 a 1,200 días de multa para las personas que incurran en terrorismo o su financiamiento.
Asimismo, pide facultar al Ministerio Público “para ordenar la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos si tiene conocimiento de reportes, informes o resoluciones de las autoridades nacionales de la vigilancia financiera y que son competentes para conocer de esos asuntos, así como por aquellos que emitan los organismos internacionales cuando estén vinculados con los delitos en materia de la extinción de dominio”.
Para llevar a cabo lo anterior, el Presidente pide que se modifiquen e incluyan diversas disposiciones al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Ésta es la primera iniciativa que Enrique Peña Nieto presenta como Presidente, que no se consensuó en el seno del Pacto por México y argumenta que atiende a las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales le dio a México en el 2008 y se adecúa al marco internacional.
La iniciativa anexa un documento de la Secretaría de Hacienda, en el que se precisa que con la reforma no se crearían otras unidades administrativas, plazas o instituciones, además de que no impactaría en programas presupuestarios ni constituiría mayor gasto público.
La reforma, agregó el Mandatario, responde a la política de seguridad y justicia del Estado mexicano y a su prevención, no sólo a la reacción ante un delito.
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